«No es una joda»: El reto de TikTok que puso en jaque a las escuelas correntinas y puede fundir a los padres
Entre bancos escritos en Goya y entradas sin mochilas en la Capital, la Justicia lanzó una advertencia letal: las «travesuras» digitales ahora se pagan con cárcel y multas que ninguna familia puede afrontar.
La rutina escolar en Corrientes cambió de golpe. Ya no se trata solo de estudiar para el examen o de compartir un tereré en el recreo. Hoy, el clima en los pasillos es de pura tensión porque un «challenge» de redes sociales cruzó todos los límites. Lo que empezó como un mensaje para faltar a clase se transformó en un problema legal que está dejando a varios adolescentes en la mira de la Justicia y a sus padres al borde de una quiebra económica.
El epicentro del miedo estuvo en la Escuela Técnica «Pinaroli» de Goya. Un mensaje escalofriante escrito en un banco —»Voy a salir del baño y los voy a matar»— fue suficiente para que el pánico se viralizara más rápido que cualquier video. El resultado fue inmediato: pasillos vacíos y más de la mitad de los chicos en sus casas porque sus familias no se animaron a mandarlos.
Aunque para algunos alumnos pueda parecer una forma «creativa» de evitar una prueba, para la Policía es una causa penal abierta que incluye análisis de caligrafía y custodia permanente en la puerta del colegio.
A clase con lo puesto: el nuevo «look» en la Capital
En la ciudad de Corrientes, la histórica Escuela Regional tomó una decisión que parece de otra época: los alumnos tienen prohibido entrar con mochilas. Ahora, los chicos entran con los útiles en la mano, todo para que los efectivos policiales puedan revisar más rápido y no se armen filas eternas en la entrada.
Ya son 13 los colegios entre la Capital y el interior que están bajo la lupa. En otros lugares, como el Instituto Roubineau, la policía directamente revisa las pertenencias de cada estudiante antes de que pisen el aula.
El Ministerio Público de Corrientes fue cortito y al pie: esto no es un juego, es un delito. Si un chico escribe una amenaza, aunque sea «en joda», se enfrenta a penas que pueden llegar a los 10 años de prisión si menciona explosivos o armas.
Pero lo que más ruido hizo en las casas correntinas fue el aviso sobre el bolsillo. Si el Estado tiene que movilizar patrulleros, peritos y grupos especiales por una amenaza falsa, los padres van a tener que pagar los gastos. Estamos hablando de demandas civiles millonarias que buscan que los tutores se hagan responsables de lo que sus hijos publican o escriben.
La situación obliga a una charla urgente en la mesa familiar. En un NEA donde la comunidad educativa siempre fue un lugar de encuentro, hoy el desafío es recuperar la paz.